¿Quién gana y quién pierde con un nuevo aumento del salario mínimo en 2026 en Colombia?
Un país que vive cerca del mínimo
A finales de cada año, Colombia entra en un ritual ya conocido: Gobierno, empresarios y centrales obreras se sientan a negociar el salario mínimo del año siguiente. Para 2025 el incremento fue del 9,54 %, llevando el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) a $1.423.500, desde los $1.300.000 de 2024.
De cara a 2026, la discusión será aún más sensible. La inflación viene desacelerándose y el Banco de la República intenta anclar expectativas, mientras sindicatos piden recuperar el poder adquisitivo perdido en los años de inflación alta. El debate ya no es solo cuánto subir el salario, sino qué efectos reales tiene ese aumento sobre el empleo, el costo de vida y la economía en general.
Para 2026, el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) se fijó finalmente en $1.750.905, lo que representa un aumento cercano al 23 % frente al salario de 2025 ($1.423.500). Con el auxilio de transporte de $162.000 y un ajuste adicional complementario de $87.095, el ingreso mensual total para quienes devengan el mínimo se redondea en $2.000.000.
Para entender la magnitud del tema conviene recordar una cifra: según cálculos sobre datos del DANE citados por medios económicos, alrededor de la mitad de los ocupados en Colombia ganan un salario mínimo o menos. Un informe reseñado por La FM estimaba que 10,15 millones de personas (45,2 % de los ocupados) ganaban por debajo del mínimo y 2,4 millones exactamente un salario mínimo, en un mercado laboral de unos 23 millones de personas.
Además, la informalidad laboral sigue siendo alta: para agosto de 2025, el DANE reportó una tasa de informalidad de 55,7 % en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. Esto significa que más de la mitad de los trabajadores no cuentan con contrato formal ni protección plena de seguridad social.
En otras palabras: lo que pase con el salario mínimo afecta de forma directa o indirecta a la mayoría del país.
Los impactos positivos: alivio en el bolsillo y más demanda
1. Hogares que viven del salario mínimo
Para los trabajadores que hoy ganan alrededor de un salario mínimo, un aumento real (por encima de la inflación) en 2026 es una buena noticia obvia: más ingresos disponibles para alimentación, transporte, servicios, arriendo y deudas.
En un contexto donde los precios de la canasta familiar han venido subiendo por encima del promedio general —especialmente alimentos frescos y servicios regulados—, un incremento razonable ayuda a recuperar algo de poder adquisitivo perdido en los años de inflación alta.
2. Sectores que venden a los hogares populares
El salario mínimo funciona también como un gran motor de demanda interna. Cuando suben los ingresos de los hogares de menores recursos, tienden a gastar casi todo en:
- comercio minorista de barrio,
- alimentos y productos básicos,
- transporte público,
- servicios personales y pequeños negocios.
Para el comercio, la industria de bienes de consumo masivo y una parte de los servicios, un aumento del mínimo razonable puede impulsar ventas y rotación. No es casual que algunos gremios del comercio tiendan a apoyar incrementos moderados: un trabajador que gana un poco más tiene mayor probabilidad de pagar su crédito, comprar electrodomésticos o mejorar su vivienda.
3. Programas de vivienda y acceso a VIS
Buena parte de los programas de vivienda de interés social (VIS y VIP), como Mi Casa Ya o subsidios de cajas de compensación, se diseñan en función de múltiplos de salario mínimo: topes de ingreso de 4 salarios mínimos para ciertos subsidios y valores máximos de vivienda de hasta 90 o 150 SMMLV, dependiendo si es VIP o VIS.
Si el salario mínimo sube, también lo hacen estos topes, lo que permite que:
- más hogares puedan calificar a los subsidios,
- y los proyectos VIS ajusten sus precios máximos sin salirse del rango.
Para constructoras y entidades financieras, esto puede traducirse en mayor dinamismo en el mercado de vivienda social.
4. Deuda, microcrédito y consumo
Muchos trabajadores en estratos 1, 2 y 3 financian electrodomésticos, motos o pequeños negocios a través de microcrédito o créditos de consumo. Un salario mínimo más alto:
- mejora el perfil de riesgo de esos hogares,
- aumenta su capacidad de pago,
- y reduce, en el margen, la probabilidad de mora.
En términos macro, esto ayuda a reactivar una economía que ha crecido poco y con inversión privada débil.
Los costos y riesgos: empleo formal, informalidad e indexación
1. Empleo formal bajo presión
Para una gran empresa con alta productividad y buen margen, un aumento del mínimo se diluye en su estructura de costos. Pero para miles de pequeñas y medianas empresas, donde la nómina representa una alta proporción de los costos y la productividad es baja, un incremento fuerte puede traducirse en:
- congelación de nuevas contrataciones,
- reemplazo de trabajadores por tecnología o tercerización,
- y, en casos extremos, despidos o cierre.
La evidencia internacional sugiere que incrementos moderados del mínimo, en línea con productividad e inflación, tienen efectos acotados sobre el empleo; pero aumentos muy por encima de esa “regla de oro” sí pueden golpear la creación de empleo formal, especialmente en sectores intensivos en mano de obra poco calificada (comercio, hoteles y restaurantes, confecciones, agroindustria).
2. Más incentivos a la informalidad
En un país donde más de la mitad de los trabajadores son informales, cualquier subida importante del costo laboral formal puede reforzar el incentivo a mantenerse o pasar a la informalidad.
Para un pequeño comerciante, un taller, una microempresa de servicios o un negocio de barrio, la decisión puede ser:
“¿Pago todo lo que exige la ley sobre un salario mínimo más alto, o contrato a alguien por debajo y sin prestaciones?”
Si el salto del mínimo es muy grande, la balanza se inclina hacia la segunda opción. El resultado: se protege parcialmente a quienes ya están en la formalidad, pero se hace más difícil que nuevos trabajadores entren a ella.
3. Impacto en quienes ganan más del mínimo
Quienes ganan entre 1 y 2 salarios mínimos —unos cinco millones de trabajadores según estimaciones de prensa económica— también se ven afectados.
Aunque el aumento se define legalmente solo para el mínimo, en la práctica muchas empresas:
- ajustan también su tabla salarial para evitar que un empleado nuevo al mínimo termine ganando casi lo mismo que alguien con más experiencia,
- o, si no lo hacen, generan malestar interno y presiones futuras de negociación.
En el corto plazo, esto puede significar un incremento general de la masa salarial, que no siempre se compensa con mayor productividad.
4. La larga sombra de la indexación
Parte del debate reciente ha girado en torno a la “indexación”: el hecho de que muchas tarifas, multas, cuotas y contratos en Colombia se expresen como múltiplos del salario mínimo, de manera que cada aumento se transmite al resto de la economía.
Aunque en los últimos años se han tomado medidas para desligar algunos cobros del mínimo y amarrarlos al IPC, todavía hay casos relevantes donde el SMLMV es la unidad de cuenta: topes de vivienda VIS y VIP, ciertos subsidios, honorarios profesionales, multas y contribuciones.
Eso significa que un aumento fuerte en 2026 también:
- sube de inmediato el costo de algunos trámites, contribuciones y servicios,
- presiona al alza cuotas de administración y contratos que siguen referenciados al mínimo,
- y termina alimentando la inflación del año siguiente, justo lo que el Banco de la República intenta evitar.
¿Y la vida diaria de quienes viven del mínimo?
Para una familia que vive con uno o dos salarios mínimos, el día a día se mueve en un equilibrio frágil.
Un aumento del mínimo en 2026 se sentirá así:
- Alivio inmediato cuando llegue el primer salario: un poco más de margen para el mercado, el transporte, el arriendo o el pago de deudas.
- Posible respiro en proyectos como comprar vivienda VIS, si los topes y subsidios también suben.
- Pero también, unos meses después, un ajuste al alza en tarifas y cuotas que siguen ancladas al mínimo, reduciendo parte de ese beneficio, aunque el gobierno nacional esta en estos momentos adelantando un decreto que permita desindexar del salario mínimo el valor de las viviendas VIS, permitiendo que aquellas familias que quieren adquirir vivienda o ya han adquirido viviendas VIS, no se vean afectada por el incremento.
Para quienes están en el mercado informal —vendedores ambulantes, trabajadores por cuenta propia, “rebusque”— el salario mínimo funciona más como referencia social que como condición legal. Si los precios suben y sus ingresos no, el resultado puede ser una sensación de “quedarse atrás” frente a quienes sí están en la formalidad.
¿Qué sectores pueden salir ganando y cuáles no?
Beneficiados potenciales:
- Comercio minorista y grandes superficies que atienden a hogares de ingresos bajos y medios.
- Industria de bienes de consumo masivo (alimentos, aseo, bebidas).
- Construcción de vivienda VIS/VIP y entidades financieras asociadas a esos programas.
- Servicios que dependen de la demanda local: transporte urbano, restaurantes populares, servicios personales.
Más expuestos a riesgos:
- Micro y pequeñas empresas de sectores intensivos en mano de obra (confecciones, calzado, servicios generales, agricultura).
- Empresas intensivas en trabajo doméstico y de cuidado, donde el costo laboral por hora es clave.
- Negocios formales con márgenes estrechos que compiten frente a una enorme base de informales que no pagan todos los costos legales.
2026: el delicado equilibrio
La discusión sobre el salario mínimo de 2026 no se reduce a una pelea entre “trabajadores vs. empresarios”. Se trata de encontrar un equilibrio delicado:
- Un aumento demasiado bajo mantiene la sensación de pérdida de poder adquisitivo y restringe la demanda.
- Un aumento demasiado alto puede frenar la creación de empleo formal, alimentar la informalidad y reactivar la indexación y la inflación.
La “regla técnica” —inflación pasada más productividad— suele dar una cifra en torno al 6–7 % según proyecciones recientes, mientras las centrales obreras han planteado incrementos de doble dígito.
En la práctica, el Gobierno optó por un aumento cercano al 23 % para 2026, llevando el SMLMV a $1.750.905 y enviando una señal fuerte de recomposición del ingreso laboral mínimo.
La decisión final, como siempre, será política. Pero cualquier cifra debería tener en cuenta algo que a menudo se pierde en la discusión pública: en un país con casi la mitad de sus trabajadores en torno al mínimo y más de la mitad en la informalidad, el salario mínimo funciona no solo como instrumento de justicia social, sino como pieza central del engranaje económico.
Diseñar bien su aumento en 2026 será clave para que, en lugar de convertirse en un freno, sea un motor —aunque sea modesto— de empleo formal, consumo responsable y crecimiento sostenible.